El Órgano de Administración Judicial modificó los criterios de evaluación tras alcanzar acuerdos con representantes sindicales; también retiró la posibilidad de aplicar revisiones extraordinarias solicitadas por los titulares.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) determinó retirar cualquier disposición que permitiera aplicar sanciones o separar del cargo a trabajadores del Poder Judicial de la Federación como resultado de las evaluaciones de desempeño.
La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria celebrada este lunes, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado sábado 7 de noviembre en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y representantes de tres organizaciones sindicales.
Entre los compromisos establecidos se acordó que las evaluaciones tendrán como único propósito fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, sin que puedan utilizarse como mecanismos disciplinarios ni como fundamento para despedir al personal.
También se determinó eliminar la posibilidad de que los titulares de los órganos jurisdiccionales soliciten evaluaciones extraordinarias y ajustar los porcentajes de los criterios que pudieran dar lugar a valoraciones subjetivas.
El OAJ informó que las modificaciones sustantivas al Acuerdo General serán publicadas a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación.
Por otra parte, el organismo señaló que, pese al compromiso de las dirigencias sindicales de mantener las actividades con normalidad, al menos 50 juzgados y tribunales federales continuaban cerrados después de la revisión de los acuerdos.
Advirtió que esta situación afecta el derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, por lo que el Pleno del OAJ reiteró su decisión de abrogar el acuerdo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita.
Finalmente, el organismo refrendó su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial y la continuidad de los servicios para garantizar la atención a la población.
